El fraude digital se ha convertido en uno de los riesgos empresariales más relevantes para las organizaciones que operan en entornos digitales, financieros, comerciales y de servicios. Ya no se trata únicamente de operaciones aisladas realizadas mediante engaño, sino de esquemas cada vez más sofisticados que combinan robo de identidad, ingeniería social, uso indebido de datos personales, automatización, inteligencia artificial, deepfakes, identidades sintéticas, phishing, smishing, malware, apropiación de cuentas y manipulación de procesos de onboarding digital. Este fenómeno afecta directamente la seguridad patrimonial de las empresas, la confianza de los usuarios, la continuidad operativa, la reputación corporativa y el cumplimiento regulatorio. En sectores como banca, fintech, casinos online, agregadores de pago, marketplaces, crédito digital, aseguradoras y plataformas tecnológicas, el fraude digital ya no puede verse como un problema meramente tecnológico: debe entenderse como un riesgo legal, operativo, financiero, reputacional y de cumplimiento que exige una respuesta institucional coordinada.