Estudios de Valor
En esta sección podrás encontrar estudios innovadores y contenido ilustrativo respecto de diferentes temas de la actualidad que causan un impacto en la industria Legal & Compliance.
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Actualmente la inteligencia articial está revolucionando el panorama empresarial y económico mundial, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la optimización operativa, toma de decisiones estratégicas y creación de nuevos modelos de negocio. No obstante, esta rápida adopción conlleva desafíos importantes en términos de gobernanza tecnológica, ética algorítmica y cumplimiento normativo. La necesidad urgente de abordar estos desafíos mediante auditorías especializadas es evidente, considerando el impacto potencial de la IA en diversas áreas críticas como la privacidad personal, la seguridad pública y la equidad social.
El fraude digital se ha convertido en uno de los riesgos empresariales más relevantes para las organizaciones que operan en entornos digitales, financieros, comerciales y de servicios. Ya no se trata únicamente de operaciones aisladas realizadas mediante engaño, sino de esquemas cada vez más sofisticados que combinan robo de identidad, ingeniería social, uso indebido de datos personales, automatización, inteligencia artificial, deepfakes, identidades sintéticas, phishing, smishing, malware, apropiación de cuentas y manipulación de procesos de onboarding digital. Este fenómeno afecta directamente la seguridad patrimonial de las empresas, la confianza de los usuarios, la continuidad operativa, la reputación corporativa y el cumplimiento regulatorio. En sectores como banca, fintech, casinos online, agregadores de pago, marketplaces, crédito digital, aseguradoras y plataformas tecnológicas, el fraude digital ya no puede verse como un problema meramente tecnológico: debe entenderse como un riesgo legal, operativo, financiero, reputacional y de cumplimiento que exige una respuesta institucional coordinada.
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La identificación del Beneficiario Controlador dejó de ser una formalidad administrativa para convertirse en una de las obligaciones fiscales y de cumplimiento más fiscalizadas de México. Desde la incorporación de los artículos 32-B Ter, 32-B Quárter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación (CFF) en la reforma vigente a partir de 2022, toda persona moral, fiduciaria, fideicomitente, fideicomisario y cualquier otra figura jurídica está obligada a identificar, verificar, validar, obtener, conservar y actualizar la información de las personas físicas que, en última instancia, obtienen el beneficio o ejercen el control de la entidad.
No se trata de un requisito aislado: es la traducción al derecho mexicano de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) —particularmente las Recomendaciones 24 y 25 sobre transparencia y beneficiario final— y del compromiso de México ante el G20 y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales. La lógica es clara: quien controla realmente a una sociedad no siempre aparece en el acta constitutiva, y detrás de estructuras corporativas complejas, cadenas de titularidad indirecta y fideicomisos, pueden esconderse esquemas de evasión fiscal, lavado de dinero y financiamiento ilícito.